El Tribunal Administrativo de Apelación de Burdeos confirmó el pasado jueves una sentencia que obliga al municipio francés de La Flotte, en la isla de Ré (frente a La Rochelle, al oeste del país) a retirar una estatua de la Virgen María situada en la vía pública.
La decisión judicial será recurrida por el alcalde de la localidad, Jean-Paul Héraudeau, quien considera «ridícula» la controversia suscitada tras la denuncia de un grupo laicista que considera que su presencia en un espacio común viola la laicidad del Estado. Para Héraudeau, se trata de “parte del patrimonio histórico” de la ciudad y de un monumento «conmemorativo más que religioso».
Según informa Aciprensa, la historia de la imagen se remonta a 1955. Fue mandada construir por una familia agradecida porque tanto el padre como el hijo regresaron con vida de la Segunda Guerra Mundial. Erigida inicialmente en un jardín privado, posteriormente la donaron al municipio, que la instaló en 1983 en un cruce.
En 2020 la imagen resultó gravemente dañada por un accidente automovilístico, pero el ayuntamiento al restauró y reubicó en su lugar. Fue entonces cuando se presentó la denuncia.
Nicolas Meizonnet, miembro de la Asamblea Nacional, lamentó que “una vez más, los jueces se conviertan en cómplices de asociaciones de izquierda que quieren destruir las raíces cristianas de Francia«, y se mostró «avergonzado” por la sentencia.
Por su parte, Naïma M’Faddel, ensayista y consultora de políticas urbanas, declaró a la prensa local que casos como el de la estatua “empiezan a cansar”, porque “se trata simplemente de querer borrar el pasado de Francia, su ADN, mil quinientos años de cristianismo”.
“Los jueces se están haciendo cargo de proscribir nuestra civilización”, comentó al respecto el político francés Philippe de Villiers, quien ha sido secretario de Estado, diputado de Francia y diputado del Parlamento Europeo y es un incansable defensor de la verdad histórica sobre el genocidio de la Revolución Francesa contra el pueblo católico en la región de la Vendée.
